La crisis institucional de Rairiz de Veiga ha vivido este jueves un nuevo episodio clave en su desarrollo. A las 12:00 horas, tal y como estaba previsto, el personal técnico designado por el Concello ha accedido a la explotación avícola vinculada a Camilo Fernández Freire, el edil ex del PP propuesto para relevar a la alcaldesa socialista Asunción Morgade mediante una moción de censura.
La entrada, autorizada judicialmente y que contó con la presencia preventiva de la Guardia Civil en la puerta de las instalaciones ubicadas en Congostro, tiene como objetivo realizar las mediciones y reportajes fotográficos necesarios para redactar el proyecto de demolición de la ampliación de la granja, cuyas obras incurren en la ilegalidad tras la anulación de su informe de impacto ambiental. Esta actuación urbanística, firmada por la regidora apenas unos días antes del registro de la moción de censura, sitúa en el centro del debate político la coincidencia temporal de ambos procesos.
Posición de la actual alcaldesa
Mientras la actual alcaldesa, Asunción Morgade, avanza en el expediente para restituir la legalidad de la nave, el principal afectado lidera un pacto con exediles del BNG y un tránsfuga socialista para arrebatarle el bastón de mando.
La Guardia Civil estuvo presente durante la inspección de la granja avícola de Camilo Fernández en Congostro.
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B. L.
Minutos antes de franquear el paso a los técnicos municipales, Camilo Fernández valoró la situación a las puertas de su explotación. El candidato a la alcaldía aseguró que no se opone a la inspección y asume que la administración local actúa «conforme á legalidade», aunque insiste en que el expediente arrastra una antigüedad de cinco años. «Se está ilegal, hai que demostralo», sentenció el edil, cuestionando la interpretación que se hace de la resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. «Dise que hai unha sentencia que obriga a derrubala… a miña sentencia non di o mesmo», defendió, recordando que ha presentado «varios proxectos para intentar legalizar» la instalación que todavía no han recibido respuesta.
Respecto a las voces que vinculan directamente el «cerco urbanístico» a su granja con la presentación de la moción de censura, Fernández lo atribuye a una mera «coincidencia temporal». El exedil popular quiso desvincular al resto de firmantes del pacto de esta polémica, asegurando que el conflicto urbanístico le atañe «a min exclusivamente, non aos outros catro que firmamos a moción».
Cuestionado sobre si su principal motivación al acceder al gobierno local es paralizar su propio expediente de derribo, el líder de la moción aseguró que «se hai unha sentencia xudicial, como alcalde, nin eu nin ela, podemos facer nada».
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No obstante, defendió que, en ausencia de un mandato judicial firme que imponga la demolición directa, se debe apostar por la regularización. «A lei di que primeiro se hai posibilidade de legalizar, hai que legalizar antes de derrubar», esgrimió. En este sentido, advirtió sobre las consecuencias económicas para las arcas municipales si se ejecuta el derribo sin agotar las vías legales: «Aquí hai unha responsabilidade patrimonial que alguén terá que cumprir. Porque aquí non se fixo nada ilegal, fíxose todo con licencia, hai subvencións, e estivo a explotación funcionando durante un ano».
Para Fernández, la administración debe agotar todas las opciones antes de destruir un inmueble que, recuerda, se construyó amparado por el propio ayuntamiento. «Se legalmente se pode evitar derrubar unha granxa, unha casa ou un palleiro ou unha cociña, como hai máis casos no concello, por que non?», se preguntó el edil. «O concello deu unha licencia no seu día que agora está revocando e ordenando un derribo», concluyó, antes de permitir el inicio de los trabajos técnicos preparatorios para la demolición.
