La moción de censura presentada contra el Gobierno municipal de Rairiz de Veiga salió adelante este miércoles y puso fin a los once años de mandato de la alcaldesa socialista, Asunción Morgade Rúa. La sesión plenaria estuvo marcada por la controversia sobre la notificación de la convocatoria a dos concejales del PSdeG-PSOE, que no participaron en el pleno. La formación socialista anunció que llevará el caso a los tribunales al considerar que se vulneraron los derechos fundamentales de ambos representantes.
Los concejales afectados son Manuel Carnero Saburido y José Ramón Ferreiro Salgado. Según denunció el PSdeG-PSOE de Ourense, ninguno de los dos recibió en legal forma la comunicación de la convocatoria, una circunstancia que, a juicio de los socialistas, les impidió ejercer sus derechos de asistencia, participación, debate y voto en una sesión decisiva para el futuro del Concello.
El pleno extraordinario, convocado para las 12.00 horas, comenzó con aproximadamente veinte minutos de retraso. Antes de su celebración se produjo una discusión sobre las notificaciones, después de constatarse que las comunicaciones a los dos ediles socialistas no se habían remitido mediante carta certificada.
El pleno extraordinario aprobó la moción de censura con cinco votos favorables.
La incidencia ya había sido trasladada formalmente el día anterior por Asunción Morgade a través de un escrito registrado ante la Secretaría municipal, que fue leído al inicio de la sesión. En él, la entonces alcaldesa solicitaba comprobar las notificaciones y sus correspondientes justificantes de recepción, emitir un pronunciamiento jurídico sobre las consecuencias de la posible omisión y dejar constancia de lo sucedido en el acta.
El escrito advertía de una posible vulneración del artículo 197.1.c de la LOREG y del artículo 23 de la Constitución, relativo al derecho fundamental a la participación política y al ejercicio efectivo de los cargos representativos.
Desde el PSdeG-PSOE sostienen que la ausencia de los dos concejales no puede considerarse un defecto menor, independientemente de que su participación pudiera haber cambiado o no el resultado de la votación. La formación considera que ambos perdieron la posibilidad de intervenir en una decisión que afecta directamente a la composición del Gobierno municipal.
Finalmente, la moción prosperó con cinco votos favorables de sus promotores y dos en contra de los representantes socialistas presentes. La mayoría que respaldó la iniciativa estuvo integrada por dos concejales procedentes del Partido Popular, dos ediles que habían abandonado el BNG y pasado al grupo de no adscritos y un representante que había dejado el grupo socialista. Camilo Fernández Freire, que también abandonó el Partido Popular y pasó a ser no adscrito, asumió la Alcaldía tras la votación.
La sesión estuvo marcada por la controversia sobre la notificación a dos concejales socialistas.
El secretario provincial del PSdeG-PSOE de Ourense, Álvaro Vila, calificó lo sucedido de «episodio moi grave para a democracia municipal» y volvió a cuestionar la participación del Partido Popular en la operación política. El dirigente socialista acusó a los populares de recurrir al transfuguismo y a prácticas que vinculó con el baltarismo.
Vila puso especialmente el foco en la ausencia de los dos representantes socialistas y defendió que no puede hablarse de normalidad democrática cuando dos concejales electos no pueden participar en una sesión en la que se decide quién ocupa la Alcaldía. Por ello, confirmó que el partido acudirá a los tribunales para que se determine el alcance de las irregularidades denunciadas y sus posibles consecuencias sobre el pleno.
El responsable provincial también reclamó explicaciones al presidente del PP de Ourense, Luís Menor, sobre el papel de la dirección provincial en la moción. En este sentido, cuestionó si la actuación de los concejales populares respondió a una decisión autónoma o a una estrategia política respaldada desde la organización provincial. Vila aseguró, además, que la dirección popular llevaba trabajando en esta iniciativa desde la romaría da Saínza.
Romaría da Sainza 2026. | FOTO: Noelia Caseiro.
Por su parte, Asunción Morgade reivindicó los once años de gestión al frente del Concello de Rairiz de Veiga y recordó que su candidatura obtuvo el 26 % de los votos en las últimas elecciones municipales. La exalcaldesa defendió que la ciudadanía debe conocer tanto los resultados electorales como los acuerdos políticos que han permitido conformar la nueva mayoría.
Morgade también cuestionó la implicación de algunos de los concejales que respaldaron la moción, al señalar que, según su valoración, habían pasado largos periodos sin asistir a las sesiones plenarias. La socialista consideró legítimo preguntarse por el ejercicio de sus responsabilidades municipales ante el cambio de actitud que, a su juicio, refleja su participación en la iniciativa.
La exregidora recordó que en 2015 se convirtió en la primera mujer en ocupar la Alcaldía de Rairiz de Veiga. Durante su intervención defendió el trabajo realizado en estos once años y aseguró que deja un Ayuntamiento mejor organizado y con una situación económica más ordenada que la que encontró al asumir el cargo.
Asunción Morgade en su intervención en el pleno. | FOTO: Noelia Caseiro.
Como ejemplo, recordó que el Concello arrastraba en el ejercicio de 2014 un remanente de tesorería negativo superior a los 215.000 euros. Morgade reivindicó las medidas adoptadas durante sus mandatos para reorganizar la administración municipal, planificar los recursos disponibles y atender las necesidades de la población.
El PSdeG-PSOE de Ourense trasladó finalmente su respaldo a la exalcaldesa y al equipo socialista de Rairiz de Veiga. La formación insistió en que recurrirá a la vía judicial por la notificación a los dos concejales y reclamó nuevamente explicaciones a Luís Menor sobre la participación del Partido Popular en el cambio de gobierno.
La controversia sobre la convocatoria del pleno se suma así al conflicto político abierto en el municipio tras la presentación de la moción. La Justicia había rechazado previamente la suspensión cautelar de la sesión, una decisión que no suponía un pronunciamiento definitivo sobre el fondo de las posibles irregularidades denunciadas.
