Historia de A Limia

Mujeres represaliadas de A Limia (1936–1950)

Mujeres de A Limia asesinadas, encarceladas, depuradas o procesadas por apoyar a la República o a la guerrilla entre 1936 y 1950: Delfina Lamas, María del Valle, Salud Torres, maestras depuradas y encubridoras.

Período: 1936–1950
Cárceles: Xinzo de Limia, Sandiás (casa incautada) y Ourense
Fuentes: expedientes militares, depuraciones del magisterio y testimonios
Personas nombradas: solo las que aparecen en fuente publicada

Según Edelmiro Martínez Cerredelo, las mujeres vinculadas a la actividad política y, sobre todo, a la guerrilla antifranquista son «las grandes olvidadas» de la memoria histórica. Muchas mujeres de A Limia comprometidas con la legalidad republicana fueron detenidas, torturadas y recluidas en la cárcel de Xinzo, en la habilitada en la casa incautada a la familia Dios Fernández en Sandiás o en la prisión provincial de Ourense; algunas pasaron meses presas sin juicio ni condena. En muchos casos fueron además estigmatizadas socialmente, como bandoleras o, de forma injusta, por sus vínculos con huidos ^[2]. Esta página recoge solo los casos que aparecen nominalmente en fuentes publicadas.

Las asesinadas

Delfina Lamas Clemente, vecina de As Pegas (Sandiás), madre de tres hijos: el 15 de octubre de 1937 apareció en el monte del Furriolo (Rairiz de Veiga) una mujer de unos cuarenta y cinco años, asesinada durante la noche del 13 al 14 con el llamado «tiro de Calvo Sotelo», inscrita como desconocida. Cerredelo la identifica, por indagaciones y testimonios de la familia, como Delfina, detenida después de criticar la movilización de su hijo y llevada a la cárcel de Xinzo. El autor recoge también otra versión oral con detalles diferentes, que no puede confirmar ^[1].
María del Valle Lozano y Salud Torres Díaz, delegada de la UGT, fueron asesinadas el 29 de octubre de 1937 y sus cuerpos aparecieron en la Lomba de Lamas, en Mosteiro de Ribeira (Xinzo de Limia). María era la madre del poeta Manuel Gómez del Valle y había sido detenida por pedir la conmutación de la pena de su hijo ^[3]^[4]. Véase La represión de 1936 en A Limia.

Maestras depuradas

La depuración del magisterio abrió expediente a maestras de la comarca por motivos como votar al Frente Popular, no asistir a los oficios religiosos o tener parientes de izquierdas ^[2]:

Flora Villar Pérez, maestra de Gudes, acusada de repartir candidaturas del Frente Popular y de tener a los padres presos; la comisión propuso confirmarla en el cargo el 25 de junio de 1938.
María Fernández Salgado, maestra de Tosende (Baltar), sancionada con traslado en 1941, inhabilitación en 1942 y separación definitiva en 1943; las sanciones se dejan sin efecto el 6 de noviembre de 1950, con readmisión y traslado dentro de la provincia. El instructor puso en duda los informes del párroco por existir enemistad previa.
Consuelo Colmenero Álvarez, maestra de Sabucedo, acusada de votar al Frente Popular y de ineficacia docente; confirmada en el cargo el 9 de marzo de 1940, con expediente de jubilación forzosa.
Elena Serrano Quintas, maestra de Rairiz de Veiga, suspendida de empleo y sueldo durante tres meses y confirmada en el cargo en 1943.

Procesadas por ayudar a huidos

Elena Ferreiro Seguín, de Sandiás: causa militar 597/1942 por auxilio a la rebelión, por convivir clandestinamente con un huido; el consejo ordinario la condenó el 30 de diciembre de 1943 a un año de prisión menor como encubridora, y el Tribunal de Responsabilidades Políticas la declaró exenta el 25 de enero de 1944 ^[2].
Esperanza Casas Losada (Pidre), absuelta, y Anxelina López Feijóo (A Gorgoloza), no condenada, fueron acusadas de dar comida y alojamiento a guerrilleros ^[2].
Albina Rivero Rodríguez y Victoria Fernández Cerviño, vecinas de Paradela, fueron detenidas en 1939 y puestas en libertad el 3 de septiembre; el auditor no apreció responsabilidad criminal, pero propuso sanciones gubernativas ^[2].
Carmen Fernández Seguín, de Sandiás, madre del guerrillero Perfecto Dios, fue detenida el 16 de mayo de 1950 en Chaherrero (Ávila), en el momento de la muerte de su hijo; en Ourense fue juzgada por pertenecer a partidas armadas y condenada a treinta años de prisión mayor en octubre de 1950, pese a que el fiscal había pedido la pena de muerte ^[2]^[5].